Discurso de Julio Anguita en el Congreso de los Diputados
con ocasión del debate sobre el estado de la nación
Jueves 12 de Junio de 1997
Señor Presidente, señoras y señores diputados, inicio mi intervención en nombre del Grupo Parlamento Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haciendo constar que mis palabras no sólo van a estar dirigidas a este hemiciclo, sino muy especialmente a las ciudadanas y ciudadanos que sigan desde la radio y la televisión este debate. Y, por cierto, tengo que denunciar que el acuerdo conseguido por unanimidad en el consejo de Radiotelevisión Española para que fuese televisado este debate para el colectivo de sordomudos no se ha cumplido. Constatamos, por tanto, el incumplimiento y el desprecio a una decisión parlamentaria.
Señorías, hablar de la situación de esa realidad histórica llamada España es preocuparse por cómo viven, cómo sienten, cómo sueñan, cómo padecen o cómo ven el porvenir los españoles y las españolas, pero también y por mor del respeto, sobre todo, es hablar con sencillez y claridad para que esos españoles y españolas entiendan cuál es el sentido auténtico de este debate.
Decir que España mejora porque las grandes cifras económicas se van reduciendo en sus guarismos, y no reparar en la vida cotidiana de los que conforman la mayoría de la sociedad, especialmente los jóvenes, es practicar un cierto nivel de escapismo manipulando la realidad. Debatir sobre el estado de la Nación es asumir el reto de abordar con decisión la manera de aunar, en lo concreto, la unidad del Estado español con la capacidad y la voluntad de autogobierno de las nacionalidades y regiones que lo conforman, y ello desde dos principios fundamentales: el de solidaridad y el de corresponsabilidad. Debatir sobre el estado de la Nación es constatar, en discusión parlamentaria , ésta, aquí y ahora, si nuestra democracia funciona, si sus leyes se cumplen y si sobre todo nuestra Constitución se desarrolla y aplica. Para que esto sea así y el debate no se transforme en una especie de zafarrancho de combate en el que cada uno intenta dar el espectáculo a su público, se impone una prudente autorregulación y una autocontención necesarias para hacer de este acto un ejercicio de dignidad política, y eso mueve a nuestro grupo parlamentario a situar nuestra intervención en torno a dos ejes expositivos. El primero es que este acto parlamentario es fundamentalmente un análisis y una crítica a la acción del Gobierno, y el segundo, que también es dar cuenta de lo que hemos hecho los demás, de nuestras propuestas, de nuestros proyectos y de nuestra predisposición a contribuir a mejorar la situación de nuestra sociedad.
Señor Aznar, su señoría ha venido a esta Cámara esta mañana y ha desarrollado en la intervención una serie de datos y cifras enmarcados en una óptica dulce, edulcorada: reducción de la inflación, reducción del déficit, bajada de los tipos de interés, reducción del paro, etc. Esas son las cifras globales estadísticas, es cierto, pero ¿qué hay debajo de ellas? En el debate de investidura, hace ya trece meses, le hice una radiografía de la situación de la España que S.S. aspiraba a gobernar. Comparemos la situación de hace trece meses con la de estos momentos. España, con un 22,9 por cierto, era el primer país de la Unión Europea en porcentaje de paro. Hoy seguimos ocupando el primer puesto con un 21,5 por ciento. El país que nos sigue, Finlandia, tiene un 15 por ciento. Si nos atenemos a las cifras globales, debemos reconocer y reconocemos una disminución del paro en este tiempo, pero la pregunta que aquí está subyaciendo es la siguiente: ¿Pero qué tipo de empleo se está creando? ¿Qué estabilidad tienen los puestos creados? Porque sobre todo cuando se ha hecho referencia esta mañana a los 57.000 puestos de trabajo creados en el mes de mayo, hay que decir también que en los últimos quince años baja el desempleo en una media de cincuenta mil y pico, debido a la estacionalidad por mor del inicio de la campaña turística. Pero fundamentalmente estas cifras tienen que manejarse en torno a un objetivo que es el siguiente. ¿Marca este descenso una tendencia hacia el cumplimiento de lo que la Constitución española señala en su artículo 40: el pleno empleo? ¿Va hacia ahí ese camino? Cuando S.S. vino a esta Cámara a pedir la investidura, la precariedad en el empleo estaba en el 34 por ciento. Ocupábamos también el primer puesto de toda la Unión Europea. Actualmente estamos en un 35 por ciento, seguidos también de Finlandia, con un 16,3 por ciento, en el marco además de una media europea de precariedad situada en el 11,4 por ciento. Si hubiese una manera de resumir esta situación con un solo dato basta decir que, en 1996, 400.000 españoles y españolas han debido hacer quince contratos en un solo mes. Los afectados en su mayoría son los de siempre: jóvenes, parados de larga duración y mujeres. Aquí hay un efecto importantísimo a la hora de hablar de las cuotas de la Seguridad Social, que es el efecto rotación, que creo que se ha escapado en las dos intervenciones que ha habido en el transcurso del debate.
Hace un año le demostré con cifras el descenso constante de la cobertura al desempleo; una cobertura que no sólo es una cuestión de justicia, ya que el parado no lo está por voluntad propia, sino que además es una obligación para los poderes públicos, emanada del cumplimiento del artículo 41 de nuestra Constitución, cuando plantea la obligatoriedad de mantener un régimen público de Seguridad Social, y dice la Constitución que especialmente en caso de desempleo. En 1996, en relación con 1995, los parados registrados en el Inem con prestación económica han descendido en 118.000 personas. También seguimos siendo el primer país de la Unión Europea en accidentes laborales. Esta cuestión no se ha tocado aquí; parece que no existe. En 1996 la siniestralidad ha crecido un 16 por ciento, a pesar de que desde el 10 de febrero del año pasado contamos con la Ley de Salud Laboral. Han sido 1.573 los trabajadores fallecidos en accidentes de trabajo. Un 88 por ciento de las empresas españolas no respeta la normativa laboral.
La moderación salarial es un hecho consolidado en nuestro país desde hace muchos años; una moderación que en el caso de los funcionarios es la absoluta congelación de sus sueldos. El modelo de crecimiento económico distribuye la renta de manera desigual y perjudicial para los asalariados. Los costes laborales unitarios crecen menos que la inflación y, además, cuando se dan estos datos de lo bien que va la economía, hay que decir que sólo hay un país en toda la Unión Europea que tenga los costes laborales más bajos que España: Portugal. El contraste más sangrante con los datos anteriores relativos a la moderación salarial lo constituye el permanente incremento de los beneficios empresariales. La central de balances del Banco de España nos muestra un crecimiento de los beneficios del 8,1 por ciento en 1994, del 11,6 por ciento en 1995 y del 15,2 por ciento en 1996.
Los datos que expuse hace un año sobre pensiones siguen siendo exactamente iguales. El 70 por ciento de las mismas es inferior al salario mínimo interprofesional; por cierto, un salario mínimo interprofesional que apenas llega al 34 por ciento del salario medio existente en España. Y, desde luego, los datos de pobreza que le expresé en el debate de investidura no han variado en absoluto. La edad media de los más pobres es de 22 años y el 75 por ciento de esos mismos tiene menos de 25 años.
Señor Aznar, estamos hablando de los y las que son el futuro de nuestro país. El último informe del Defensor del Pueblo acerca de las condiciones de amplios sectores de la población en cuanto a necesidades primarias no cubiertas y a derechos y libertades es una crítica feroz, desde los datos, a la política que de manera autocomplaciente S.S. ha expuesto aquí esta mañana. Su señoría puede argumentar que un año es poco para corregir tantas injusticias y, sin duda, tal formulación es correcta como enunciado teórico, pero en el caso concreto de su acción de gobierno no es aplicable, y ello por dos razones: la primera, que la tendencia global que manifiestan los datos no hace sino mostrar un mantenimiento, cuando no un incremento, de la gravedad de los problemas y, la segunda, que las medidas que el gobierno de S.S. ha tomado o anuncia para el futuro no sirven, en absoluto, para mejorar esta situación. Su Gobierno no aporta nada nuevo, continúa con la misma política que ha producido estos resultados. Y es curioso, mandan ustedes una comunicación a este Parlamento, una comunicación del Gobierno para motivar el debate. ¿Saben lo que dice esa comunicación del Gobierno? En su página 2, al referirse a las reformas que van a poner en marcha, dice --y cito textualmente--: Se trata en muchos casos de reformas parcialmente iniciadas en anteriores legislaturas que se han intensificado o completado en los últimos meses. Más claro, agua. Se trata, pues, de continuar profundizando aún más, con algún que otro añadido, en la misma política económica y social. Además, la intervención del orador que me ha precedido, al hablar de que estaba de acuerdo con la política económica y social, me excusa que siga hablando de este término.
Los hechos hablan por sí solos. Esta Cámara ha aprobado el plan de convergencia económica para el trienio 1997-2000 con los únicos votos en contra de nuestro grupo parlamentario, y este plan, señor Aznar, señorías, persigue dos objetivos: primero, que los salarios crezcan menos que la productividad y, segundo, conseguir un Estado más pequeño en lo económico y en lo social; un Estado más pequeño junto con una menor capacidad de intervención por parte de los poderes públicos en pro de los más desfavorecidos, pero un Estado fuerte para imponer las líneas de política económica planificadas en Maastricht --como he dicho en otras ocasiones, Maastricht y Pacto de Estabilidad, qué gigantesco acto de planificación en teoría-- y, a su vez, un Estado débil para paliar los resultados sociales de esa misma política. Las consecuencias de esta política ya se han visto en los Presupuestos Generales del Estado para el presente año, y por lo que S.S. ha anunciado esta mañana, hablando y advirtiendo --lo ha dicho en su intervención-- que había unos presupuestos para el año que viene bastante restrictivos, voy a hacer un simple listado de aquellas incidencias en las políticas concretas: una, congelación del gasto corriente y de la inversión; dos, continuidad de las privatizaciones del sector público hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta que el pueblo español se quede sin ninguna propiedad pública industrial; tres, aumento y creación de nuevas tasas para ciertos servicios públicos; aquí ustedes han ido más allá de lo que venía siendo habitual.
Por cuestión de tiempo, como decía antes, me limitaré a hacer un rápido repaso. Primero, las inversiones públicas, que son un motor importantísimo para generar empleo, se han visto notablemente recortadas. Se prioriza la construcción de autopistas con un marcado carácter privado en detrimento de la inversión en ferrocarril. El protocolo propuesto por el Ministro de Industria conlleva el pago de dos billones, aproximadamente, por parte de los consumidores de la electricidad a fin de pagar las inversiones de las empresas eléctricas, y a eso hay que añadir el billón que los ciudadanos pagamos en el recibo de la luz como consecuencia de la moratoria nuclear. Se sigue considerando que el único factor determinante del precio de la vivienda es el suelo, olvidando otras variables: fiscalidad, gestión, promoción y construcción. Tampoco se potencia la vivienda de alquiler, no se aborda el problema que está en la raíz de la ocupación de las viviendas, y no se quiere afrontar el hecho de que el esfuerzo para adquirir una vivienda es de seis veces y media el salario anual.
La primera medida del Gobierno de S.S. en educación, a las pocas semanas, ha sido aplicar un recorte presupuestario que ha paralizado inversiones comprometidas, lo que ha significado dejar de construir nuevos centros universitarios y no universitarios. Al volver de las vacaciones escolares, los equipos docentes de los centros públicos se han encontrado con una circular del Ministerio de Educación y Cultura en la que se dan instrucciones que atentan flagrantemente contra normativas anteriores de rango superior y que contribuyen también a deteriorar la calidad de la enseñanza. Como observo, quizá complacido porque se me está escuchando, que alguno de los ministros agita unos papeles para contestarme, yo quiero que estas expresiones vengan a través del señor Presidente del Gobierno para que en mi turno de réplica le pueda decir exactamente en qué han disminuido las inversiones. Gracias, por tanto, a la señora Ministra de Educación y Cultura.
Con el voto en contra de nuestro grupo parlamentario se aprobó el proyecto de ley por el que se habilitan nuevas formas de gestión del Insalud. Hemos planteado al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la misma por entender que se lesionan derechos importantes, se trasladan progresivamente fondos públicos a la gestión privada, se introducen también elementos de la gestión privada en un servicio como es la sanidad pública, buscando fundamentalmente la rentabilidad económica.
Se anuncia una modificación de la Ley de Aguas que introduce mecanismos de mercado, con lo que se abre paso a la privatización de dicho recurso. Se privatizan las aguas desaladas provenientes del mar, se facilita la explotación de los acuíferos, se disminuyen los caudales ecológicos y se sustrae del debate social las grandes obras hidráulicas.
Señor Aznar, gobernar es elegir, gobernar es priorizar, gobernar es optar ante una serie de posibilidades que se ofrecen al gobernante desde la realidad. Es cierto que se gobierna para todos, pero no es cierto que se gobierne en favor de todos. Hay que desmitificar, hay que desenmascarar ese dicho de que gobernamos en favor de todos. No. Se gobierna para todos, pero cuando se gobierna a favor de alguien se gobierna también contra alguien. Lo que ocurre es que el buen gobernar significa gobernar para la mayoría. Gobernar es también, más allá de la intencionalidad, tomar medidas que objetivamente benefician o dañan a terceros. ¿A quién o a quiénes beneficia su política o a quiénes perjudica? Se dice desde el Gobierno que es necesaria una política de austeridad y de recorte del gasto público. Sin embargo, S.S. no parece acordarse de la otra parte que conforma el presupuesto, los ingresos. Se habla de los gastos. Hablemos de los ingresos. ¿Y por qué no aumentar los ingresos? Está bien que se recorten gastos superfluos o inútiles, pero ¿no es acaso propio de una política inspirada en la Constitución atender suficientemente las inversiones y los servicios públicos que conforman una sociedad moderna y avanzada? El artículo 31 de nuestra Constitución plantea, sin la menor tibieza, el principio de progresividad fiscal con carácter imperativo, es decir, la obligación de pagar más los que más tienen. En nuestro país, la presión fiscal se ha ido reduciendo desde 1992 y es una de las más bajas de Europa. La diferencia con la media europea es de 7 puntos y con respecto a algunos países las diferencias son las siguientes: 7 puntos con Italia, 9 con Alemania y Austria,a 10 con Francia y Holanda, 11 con Finlandia, 12 con Bélgica, 14 con Suecia y 19 con Dinamarca. Y que no se argumente que los otros países han reducido también su presión fiscal. La media comunitaria se ha mantenido y en bastantes países --Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca y Gran Bretaña-- se ha incrementado esa presión fiscal.
Es posible que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que están siguiendo mi intervención se estén sorprendiendo cuando escuchen mi afirmación de que en los últimos años se ha reducido la presión fiscal, porque ellos tienen exactamente la sensación contraria, y es que los impuestos que ellos pagan han aumentado, pero los que perciben rentas del capital, los grandes contribuyentes, ciertas empresas se han beneficiado de reducciones sustanciales de la carga impositiva. Y, para mayor clarificación, ahí están los gastos fiscales, es decir, bonificaciones, deducciones y exenciones, a las empresas y a otras entidades, por valor de 3,8 billones de pesetas: cifra reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para este año. Y otro más, por si aún resultara insuficiente el ejemplo anterior: en 1994, las rentas del trabajo representaban el 76 por ciento del IRPF y en 1995, el 85 por ciento. Y como corolario de todo lo que vengo manifestando, veamos los contenidos básicos de los decretos-leyes del 7 de junio del año pasado sobre esta materia. Se da un tratamiento desigual a las rentas del capital y a las rentas del trabajo. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se desglosa en dos tributos: uno de carácter progresivo para las rentas del trabajo y otro proporcional y a un tipo inferior al 20 por ciento para las rentas del capital. Y el segundo eje de estos decretos: mediante la regularización de balances se conceden importantes rebajas fiscales a los empresarios para los próximos años, por un montante que oscila, en las distintas calificaciones, entre el billón y los dos billones de pesetas. En lo tocante a la persecución y erradicación del fraude fiscal, S.S. no ha planteado sino una relación de obviedades. Erradicar el fraude fiscal es encarar con medidas enérgicas la economía sumergida, las facturas falsas, las empresas guadiana, el cobro en negro, los montajes de ingeniería fiscal, la planificación fiscal internacional entrecomillada, etc.
Cuando en un país como el nuestro el sector público es el único capaz de impulsar, desarrollar y vertebrar una auténtica actividad industrial tan necesaria, la única política industrial que ustedes continúan es la de la privatización de ese sector público. No hay empleo sin industrialización y sólo el sector público es capaz de hacer un esfuerzo inversor en investigación más desarrollo. Mientras que la media comunitaria en esto es el 2,5, aquí estamos todavía en el 0,8 por ciento. El llamado programa de modernización del sector público empresarial del Estado no es otra cosa que una propuesta de desmantelamiento de lo que queda del mismo. Su señoría apela a la iniciativa privada al hablar de la industrialización. Aquí discutimos una vez un documento, traído por el anterior Gobierno, que planteaba que en los últimos 20 años el sector industrial privado no había creado ni un solo puesto de trabajo. Señor Aznar, en sus previsiones de Gobierno, qué cálculos tiene sobre la creación de empleo --someramente--; qué sectores de la economía son los que pueden aportar más puestos de trabajo --también con una aproximación--; en qué horizonte temporal se espera percibir con claridad la creación de puestos de trabajo; cómo entiende S.S. el mandato imperativo del artículo 40 de nuestra Constitución cuando atribuye a los poderes públicos que --y leo textualmente-- «De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo».
Señor Aznar, es conocida nuestra posición sobre la reforma de la OCM del aceite de oliva. Voy a exponer brevemente nuestra posición, porque prefiero que S.S. nos dé su opinión sobre esta posición, que ha sido muy clara. No se puede tomar en consideración cualquier propuesta que represente el más mínimo riesgo de destrucción de empleo. Consideramos que el apoyo económico debe estar en función de la producción real, único modo de sostener la realidad del sector y evitar situaciones fraudulentas. Nos oponemos a cualquier intento de parcelar el apoyo por Estados, y mucho menos si supone legitimar el fraude. Consideramos que la OCM debe garantizar siempre el mantenimiento y desarrollo de la actividad productiva, la salvaguardia del medio ambiente, el empleo, la actividad económica y la vertebración del tejido social en el medio rural de las zonas productoras. ¿Cuál es su posición, señor Aznar? ¿Qué orientaciones va a defender el Gobierno para garantizar la supervivencia de la política agraria comunitaria, asegurando su financiación ante la eventual ampliación de la Unión Europea con los países de la Europa Central y Oriental? ¿Piensa el Gobierno exigir mayor firmeza a la Comisión en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio? ¿Piensa su Gobierno, en el contexto de la Conferencia Intergubernamental, adherirse a la propuesta italiana para garantizar que no se vuelvan a repetir las vergonzosas actuaciones contra nuestros productos y transportistas en territorio francés?
Señor Presidente, sería muy cómodo por mi parte y también muy fácil imputar exclusivamente esta política económica al neoliberalismo y al carácter de derechas de su gobierno. Es cierto que un Gobierno como el suyo cree que esta política es la mejor de las posibles, pero el problema está, señor Aznar, en la justificación con que se pretende defender la misma, la construcción europea y la moneda única. Dicho de otra manera, para que se me entienda perfectamente en esta Cámara y en la calle, lo grave no es la política económica que S.S. hace, porque S.S. hace la política económica que sus presupuestos políticos, teóricos e ideológicos le manden; lo grave es el consenso que esta política tiene en esta Cámara. Eso es lo grave, el apoyo a esa política económica y social ampliamente reflejado en esta Cámara.
La construcción europea es algo mucho más importante, más grandioso, más complejo, más completo y más profundo que el acceso a una moneda única. Una construcción europea es una auténtica Unión Económica y Monetaria; es decir, una Hacienda europea, un presupuesto europeo digno de tal nombre, una armonización fiscal y una convergencia en torno a políticas económicas de bienestar social. Una verdadera construcción europea significa además una unión política (y esto es básico: sin unión política no se construye en absoluto Europa; se construye --y ya veremos cómo-- una moneda única); por tanto, una política exterior de seguridad compartida sin OTAN, exclusivamente europea. En resumen, la construcción europea que necesitamos significa erradicar el paro de esta Europa que ya tiene más de dieciocho millones de parados, mientras que la construcción europea no significa acabar con el paro, lo que se está construyendo es simplemente una torre de Babel sobre arenas movedizas.
Su señoría planteaba esta mañana, y es objeto de los debates, lo que ha ocurrido en Francia. Lo que ha ocurrido en Francia, señoras y señores Diputados, es que el Gobierno francés ha pedido un tiempo para estudiar las consecuencias de algo que se llama el Pacto de Estabilidad; lo que ha ocurrido es que el Gobierno francés ha tenido en cuenta algo que no se tiene en cuenta en esta llamada construcción europea: el empleo. ¿Cuántas veces he subido yo a esta tribuna, compañeros y compañeras, para demostrar con los datos de la cumbre de Florencia y la cumbre de Dublín que el empleo no es el objetivo prioritario ni principal, ni siquiera un objetivo de la llamada Unión Monetaria? Pues bien, ha habido un Gobierno que por lo pronto yo no sé si claudicará o no, si revisará su posición o no, pero que ha sabido meter el dedo en la llaga, que Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña viene planteando aquí en solitario año tras año. No hay construcción europea si no hay una política de creación de empleo. La moneda única incluso no tendrá base firme porque estaremos montando el edificio de esa moneda única sobre la auténtica inestabilidad social. Lo que ha ocurrido, señorías, es simplemente que el pueblo británico y el pueblo francés junto a otros han decidido, con sus votaciones, que hay que cambiar la política económica que sustenta la moneda única.
Se dice y con razón que si Maastricht no hubiese existido se habría inventado para justificar la política económica y social que se está imponiendo a los asalariados de toda Europa. Es decir, con Maastricht o sin Maastricht harían lo mismo. El caso, señor Aznar, es que nadie salvo Luxemburgo, hoy por hoy, cumple las condiciones que marca la convergencia europea. Se han entregado ustedes a un juego yo diría que incluso delicioso cuando uno se separa de los problemas, que ha sido ver quién engañaba a los demás: los italianos con un impuesto especial, los franceses utilizando la caja de los jubilados de la telefónica, los alemanes revaluando sus divisas en oro, y aquí poniendo en marcha la famosa contabilidad creativa, es decir, el arte al servicio de la contabilidad. ¿Por qué? Porque había que llegar a la fecha fatídica con el déficit en el nivel que se desea sin saber qué es lo que va a ocurrir. Claro, lo que va a ocurrir después ya está asegurado con el famoso Pacto de Estabilidad.
Sobre el pueblo español llueven incesantemente ideas propias de la competición futbolística: seremos los primeros, nos adelantaremos a otros países. Esto se ha dicho y se lanza a la cabeza de los españoles, y ese espíritu de competitividad que marcan la Liga de fútbol y otras ligas termina por caer y a partir de ahí gritamos «Maastricht, ra, ra, ra», sin saber qué es lo que va a venir después de ese Maastricht, después de ese Amsterdam y después de ese Pacto de Estabilidad. Porque ¿qué se opina y qué opina este Gobierno del dictamen del Parlamento Europeo, según los trabajos del Diputado señor Kem Coates cuando afirma, después de consultar a once prestigiosos institutos europeos, que el mantenimiento de las condiciones de convergencia aumentaría el paro en once millones de personas más?
El señor Ministro de Economía y Hacienda y también Vicepresidente del Gobierno aseguró hace poco que el Gobierno comparte y aplica «las recomendaciones de la OCDE para que nuestro país esté a la altura exigida por la Unión Monetaria». ¿Cuáles son esas recomendaciones? Es decir ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué hay después de la Unión Monetaria? ¿Qué viene después de la mano del Pacto de Estabilidad? Veamos en un somero repaso: recortar el gasto público, reformas en los sistemas de pensiones, cambios en la sanidad pública, moderación salarial, reducción en las cargas fiscales, recorte de los beneficios al desempleo, mejora de la educación --me gustaría ver cómo, y lo agradeceríamos--, reformas de las ventajas fiscales, aumento de la flexibilidad de los costes salariales y laborales y de la jornada de trabajo --la flexibilidad ¿hacia dónde? porque la flexibilidad se mueve hacia un lugar o hacia otro; yo me temo hacia el sitio en que va--; endurecer las jubilaciones anticipadas, reestructuración y privatización de las empresas públicas, liberalizar los horarios comerciales, flexibilizar --otra vez la palabra flexibilizar, que causa auténtica angustia-- las indemnizaciones por despido, descentralizar la negociación salarial, sustituir el PER por ventajas fiscales, deducir las indemnizaciones por despido del subsidio de desempleo. ¿Podría el señor Aznar en su réplica ratificar o desmentir las medidas económicas y sociales que acabo de reseñar?
Señorías, que a diecinueve años de la aprobación de la Constitución española el Título VIII de la misma esté sin desarrollar es grave, y es grave además que los desarrollos parciales que se están haciendo del mismo estén marcados por un pacto al que ustedes hacen referencia en la comunicación del Gobierno mandada a esta Cámara. También podemos leer en esa comunicación del Gobierno que ustedes plantean --y leo-- culminar el pacto autonómico suscrito en 1992 entre los grupos parlamentarios más representativos. Los más representativos tenían que ser el Partido Popular y el PSOE, porque son los que lo firmaron. Por tanto, ustedes tratan de desarrollar un pacto suscrito con los bancos que están aquí a la izquierda en 1992. El Gobierno de S.S., desde nuestro punto de vista, carece de un modelo de Estado, y esa carencia la está sustituyendo por sistemáticos acuerdos bilaterales que S.S. no ha negado esta mañana, imperativo naturalmente quizás de no tener mayoría absoluta. Ha transformado un proceso autonómico en compensaciones puntuales por el regateo presupuestario y el goteo de las transferencias. Ha impuesto un modelo de financiación autonómica que puede acrecentar las divergencias y la competencia desleal de las distintas comunidades autónomas, y ello porque no ha sabido o no ha querido combinar tres elementos fundamentales: el primero, la corresponsabilidad fiscal con capacidad normativa; el segundo, la solidaridad y nivelación de servicios efectiva; y el tercero, límites armonizadores de las divergencias. Han debilitado la Administración y los servicios públicos al congelar los sueldos y la oferta pública de empleo. Y lanzo dos nuevas preguntas, y le pido disculpas al señor Presidente del Gobierno si estoy lanzándole pregunta tras pregunta, pero me gustaría que me desvelase algunos aspectos que no han quedado muy claros en su intervención. La primera, ¿qué ha pasado con la renuncia que hicieron ustedes a la libre designación?
Pero hay todavía una cuestión de mayor enjundia y que afecta al meollo mismo del Estado contemplado en la Constitución de 1978. Esta Constitución plantea de manera clara que el Estado está compuesto --no tiene, está compuesto-- por tres administraciones: la central, la autonómica y la local. La Administración local sigue siendo la cenicienta de este país. Lejos de avanzar hacia un reparto más equilibrado del gasto público entre las tres administraciones del Estado, se advierte un descenso del porcentaje de participación de las entidades locales.
Las medidas para la liberalización del suelo y el anteproyecto de la nueva ley del suelo reducen la cesión de terreno a los ayuntamientos por parte de los promotores y constructores. Ello no sólo priva a los ayuntamientos de equipamientos para los ciudadanos, sino que los imposibilita para intervenir en el futuro de su ciudad. Sigue siendo ya una asignatura pendiente la aprobación de una ley de financiación para el transporte público, así como también una necesaria ley de grandes ciudades.
Al llegar aquí, señor Presidente, señor Presidente del Gobierno, las diferencias entre la derecha y la izquierda son grandes --esto es una obviedad--, y en algunas cuestiones yo diría que son abisales. Nos separan concepciones del mundo, valores, toda una historia, apuestas y, sobre todo, el proyecto de sociedad para hoy y para el futuro. Sin embargo, hay que reconocerlo sobre todo en esta sede parlamentaria, hay ocasiones, como en la redacción de nuestro texto constitucional, en las que el acuerdo en torno a la construcción de un marco democrático obliga al entendimiento y al compromiso, y si eso es en el diseño del marco constitucional, no lo es menos en la observancia y en el desarrollo de los contenidos del Estado democrático de Derecho.
Que la justicia sea igual para todos, que la justicia sea independiente de verdad, o que los poderes públicos velen porque dicha justicia se aplique, es algo que no puede admitir ninguna interpretación partidaria o ideológica distinta de las que se resuelven en el concepto común del bien común. Velar por un eficaz cumplimiento de la justicia y colaborar a que su imagen se prestigie ante los ciudadanos, es algo que está dentro de las competencias del Ejecutivo y aquí, señor Aznar, su Gobierno ha naufragado. Pese a las promesas, el mundo de la justicia sigue abandonado e hipotecado; abandonado en lo que no importa al poder político, hipotecado precisamente en lo que le afecta.
El Consejo General del Poder Judicial, elegido por el pacto partidario y mutilado en sus competencias esenciales, tropieza con dificultades extraordinarias para ejercer su función de amparo y defensa de la independencia judicial. Un ministerio fiscal independiente es pieza decisiva de la independencia real de la justicia. Como ha dicho el Fiscal jefe de Ginebra, no se puede afirmar, sin mentir, que se es partidario a la vez de la independencia judicial y de la situación de dependencia y postración de un ministerio fiscal subordinado al poder político.
El origen de los conflictos recientes, de las revueltas de los fiscales --y lo entrecomillo, entiéndanlo así-- hay que encontrarlo en esa política absurda consistente en mantener, por una parte, la dependencia del ministerio fiscal y potenciar su autonomía corporativa. Sólo desde esta perspectiva se entienden los conflictos provocados por el nombramiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. La revuelta --nuevamente entrecomillo-- ha sido incitada en gran medida por la torpeza del Gobierno, de la señora Ministra de Justicia y de los dos últimos fiscales generales. Así no se puede seguir.
Tampoco se puede seguir sin una verdadera policía judicial, cuya inexistencia constituye un atentado contra la independencia y la plenitud de nuestra justicia penal. Y ¡qué decir de unas instituciones penitenciarias integradas en el Ministerio del Interior! Cuando más necesario era potenciar el control judicial del sistema penitenciario, sustrayendo del Poder Ejecutivo el régimen de ejecución de las penas, el Gobierno decide en sentido contrario.
Así es más fácil convertir la política penitenciaria en instrumento de la conveniencia del Gobierno y a determinados reclusos en rehenes del poder político. Pero ningún recluso debe ser rehén de nada, ni de nadie. El régimen de ejecución de las penas debe ser judicializado al máximo.
¿Y la jurisdicción militar? El escandaloso espectáculo del juicio contra el coronel Perote ilustra sobradamente la necesidad de que en tiempos de paz la jurisdicción militar quede abolida o se limite estrictamente al campo disciplinario. De no ser así, la justicia castrense será la justicia particular del Gobierno o de un Ministro de Defensa situado al margen del Gobierno.
¿Qué se hace frente a las feroces campañas de difamación y linchamiento de muy concretos jueces instructores? ¿Cuándo de verdad se da justicia a la justicia? Sin ella o contra ella, la sociedad civil y la sociedad política funcionarán como mafias.
La regeneración democrática que España está necesitando con la perentoriedad y urgencia del mucho tiempo perdido, no será posible si todas las tramas, todas las implicaciones y todas las complicidades activas o pasivas no quedan al descubierto jurídica pero también políticamente, insisto pero también políticamente. Me refiero, obviamente, al terrorismo de Estado, los GAL, la malversación de caudales públicos, los fondos reservados y la corrupción y, desde luego, señor Aznar, entre lo dicho por ustedes cuando estaban en la oposición y lo hecho cuando están gobernando hay un auténtico abismo.
Debate tras debate venimos planteando ante SS.SS. y ante los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de la radio y de la televisión, nuestras propuestas y alternativas para aquí y para ahora en el eje de un proyecto, el nuestro, que tiende a conseguir para España su inserción en la auténtica modernidad. ¡Cuántas barbaridades se hacen y se dicen en nombre de la modernidad! Como he dicho tantas veces, y quiero que conste nuevamente en el «Diario de Sesiones», el concepto de modernidad surge con el renacimiento y es fundamental, básica y exclusivamente centralidad humana y, por tanto, que la economía, que las políticas concretas se supediten a esa centralidad humana. Esa modernidad es la que está necesitando nuestro país.
Debate tras debate venimos planteando, por tanto, una serie de medidas que yo rápidamente esbozo ante ustedes. Cumplimiento del Título I de nuestra Constitución: pleno empleo, pensiones, viviendas, cultura; defensa de lo público; regeneración de la vida democrática; lucha contra la corrupción; federalización del Estado español; reforma de la justicia; modernización y democratización de las instituciones del Estado; otra Europa, otros valores, y otro proyecto.
Señor Aznar, contestando S.S. al señor González me ha parecido entender que negaba la posibilidad de que hubiese otra propuesta alternativa. En esta Cámara está, la hemos entregado, es producto de muchas reflexiones y producto, además, de las razones que nos viene dando la propia realidad europea.
Aquí se ha dicho muchas veces en tono descalificatorio que, como no compartíamos el proyecto, que reconozco mayoritario en esta Cámara, no teníamos proyecto. Pues no, tenemos proyecto, lo que pasa es que no es el de ustedes, es uno más incardinado en todo lo que se ha venido elaborando, desde Altiero Spinelli, desde el proyecto de constitución europea, desde las propuestas económicas, y que desemboca en una Europa totalmente distinta, ésta que está siendo cuestionada por muchos electores en Gran Bretaña, en Francia y en otros lugares. Por tanto, sí hay propuesta alternativa, lo que pasa es que no es la suya, pero la hay y desarrolla además acuerdos tomados en muchas instancias europeas.
Independientemente de estas líneas, hay una serie de propuestas y de opciones que suelen ser eclipsadas por los titulares, debates y discusiones en torno a los contenidos económicos de los criterios de convergencia o del pacto de estabilidad. Voy a hacer referencia, para terminar, a estas visiones, a estas propuestas que no suelen venir con frecuencia a esta Cámara.
No estamos de acuerdo con la supresión del derecho de asilo entre los Estados miembros de la Unión Europea. Mantenemos, junto con Amnistía Internacional, que mientras la Unión Europea no constituya un solo Estado --en nuestro caso federal--, y como tal se adhiera a la Convención de Ginebra, todas las restricciones al derecho de asilo dentro de la Unión Europea constituirán una grave violación de dicha Convención, así como del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hablar de la construcción europea es abordar un tema importante, el problema de nuestra emigración, pero también el problema de los inmigrantes.
Antes de las elecciones generales ustedes plantearon ante el Consejo General de la Inmigración un catálogo de nueve puntos, que dijeron llevarían a cabo si conseguían gobernar. Aquellas propuestas iban desde la instauración de senadores para la inmigración hasta la reforma de la Ley de Nacionalidad, pasando por la ampliación de las prestaciones sociales, la revisión de los tratados bilaterales en esta materia, o la creación de un organismo que coordinara las políticas hacia la emigración, dispersas en una maraña de departamentos y de ministerios. Han pasado trece meses y no han hecho nada; si han hecho algo, me gustaría escucharlo, señor Aznar.
Desde nuestro rechazo al acuerdo de Schengen y a la concepción de una Europa fortaleza, seguimos denunciando la Ley de Extranjería que genera, junto a la represión, una inseguridad jurídica manifiesta y, además, posibilita la sobreexplotación y la marginación de amplios colectivos de trabajadores y trabajadoras inmigrantes. La apuesta por la integración, ahora que estamos a tiempo, es la mejor manera de evitar la confrontación que pueden aprovechar los Le Pen o los Haider de turno subvirtiendo la naturaleza misma del Estado democrático.
Señor Aznar, una de las filosofías más perniciosas y menos concordes con la situación actual de Europa es anclar el concepto de seguridad en una concepción militar de la misma. Es urgente desmilitarizar el concepto seguridad. La seguridad se ha relacionado más con el Estado nación que con la gente. Para una inmensa mayoría, la seguridad simboliza la protección contra el hambre, la enfermedad, el desempleo, el delito, la represión política y los riesgos del medio ambiente. En definitiva, la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, en una enfermedad que no se difunde, en un empleo que no se elimina, en una tensión étnica que no explota en violencia y en un disidente que no es silenciado. Estas consideraciones que asumimos íntegramente, nos llevan a nuestra oposición a la permanencia de España en la OTAN y todo lo que se deriva y se va a tratar, consecuentemente, en España en el mes de julio: al mantenimiento de los arsenales nucleares y al diseño de la PESC como zona autónoma en el ámbito de la OTAN.
Una política que tienda a conseguir este modelo de seguridad debe graduar de manera creciente sus posiciones y las acciones que conduzcan a la realización total de sus aspiraciones. Consideramos de urgente necesidad, en nombre de la seguridad, que se cumpla la asignación del 0,7 por ciento del PIB a la cooperación para el desarrollo, y seguimos planteando, según esta argumentación y con estos valores, la despenalización de la insumisión y la objeción de conciencia.
El capítulo de política internacional lo voy a pasar, sólo quiero hacer un comentario. Ese comentario está ligado a Cuba. Aparte de un país del Caribe, Cuba es una historia, una parte de la historia de España. Cuba, señor Aznar, forma parte de los sentimientos mayoritarios del pueblo español. Cuba también forma parte, seamos más prosaicos pero hay que ser prosaicos, de intereses económicos españoles que se han sentido muchas veces molestos ante las incomprensiones o actuaciones del Gobierno de S.S. con Cuba. Es urgente que se restauren, que se reanuden las relaciones con el nombramiento de nuestro embajador.
En resumen, señor Aznar, nuestro país se encuentra a finales del siglo XX en una tesitura parecida a la que se encontraba a finales del XIX. Y no es jugar con las cifras, 1898-1998, simplemente estamos en una encrucijada. El reto es el mismo, el reto al que respondieron desde su óptica los Lucas Mallada, los Macías Picavea y después Joaquín Costa, o Julio Senador, el problema fundamental de la auténtica modernización de este país, y modernizar hoy por hoy significa centrar la actividad política en torno a tres ejes. Primer eje. Caminar hacia una sociedad de pleno empleo, mandato constitucional basado en un desarrollo económico, ecológica y socialmente sostenible; es ahí donde hay que ubicar las propuestas de reparto de trabajo y la reducción de jornada. Segundo eje. Una política de paz, de supresión de los armamentos nucleares y de reducción paulatina de las armas convencionales, todo ello en el marco de una auténtica construcción europea en la mejor línea del sueño de Altiero Spinelli. En tercer lugar, la consecución de una democracia avanzada, en la que las conquistas del Estado social y democrático de Derecho estén aseguradas como parte inherente al desarrollo social.
Señor Presidente, señor Aznar, todo ello es realizable. No se puede decir que es imposible. Toda esta propuesta que estoy realizando no se aparta ni un ápice del texto constitucional. Esa es nuestra propuesta. Desde ella nos hemos constituido, y seguimos constituidos, en oposición de izquierdas, en este caso al Gobierno de S.S.
Intercálase aquí la contestación del Excmo. Sr. Aznar López, Jefe del Gobierno de Su Majestad. Lo que sigue es la réplica de Julio Anguita:
Señoras y señores diputados, para resolver ya el primer problema, diré que lo que se está haciendo es dar en el teletexto unos resúmenes, pero que no es el acuerdo al que se llegó el día 3 de junio.
Señor Aznar, yo comparto con usted la actitud de respeto; ya dije en mi intervención que tenemos que debatir duramente de las cuestiones, pero no añadir ni aquí ni fuera tensión gratuita. Yo soy partidario de aquella expresión que dice: suave en las formas y duro en el fondo. Creo que el pueblo español lo agradecería bastante.
A partir de ahí su exposición es muy curiosa. Su exposición respeta la mía, entiende que es bienintencionada, que tengo derecho a manifestarla, pero, a partir de ahí, desliza un calificativo: es inasumible, o sería irresponsable plantear una política económica que hablase del pleno empleo.
Naturalmente, el que está en esta tribuna, siquiera sea por los años, sabe perfectamente que plantear un objetivo como el pleno empleo no implica la necesidad de que ya, inmediatamente, podamos conseguir unos resultados extraordinariamente positivos, pero en mi intervención he dicho algo que era bastante importante: que las medidas que se toman ya indican la tendencia de la política económica. Mi posición, la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se inserta plenamente en la Constitución española. Muchas señoras y señores diputados y diputadas han hecho la tentativa de plantear que nuestro discurso está inmerso en un marco que es irreal. Al contrario, son los contenidos de la Constitución española.
Cuando yo traigo a este hemiciclo el título I y hablo del artículo 31, la progresividad fiscal; del artículo 40, hacia una sociedad de pleno empleo; del artículo 41, el subsidio en caso de desempleo, estoy planteando, señor Aznar, el pacto que signamos los que estamos aquí, y es la convicción de nuestra relación, y estamos de acuerdo con él en la medida en que eso que está en nuestra Constitución se vaya cumpliendo. Por tanto, estamos planteando una serie de objetivos legalizados, legitimados en referéndum por el pueblo español.
En consecuencia, cuando en nuestra posición planteamos una serie de objetivos sociales, estamos planteando lo que recoge nada menos que el título I de nuestra Constitución. A partir de ahí, ya podemos discutir si es asumible o inasumible.
Se plantea que nosotros nos cuestionamos el modelo. Evidentemente; pero es que ¿qué ha traído el modelo? El paro en Europa ¿aumenta o disminuye? Señorías, el paro en Europa aumenta y nadie es capaz de marcar cuáles son las cifras siguientes que impliquen una disminución. Le he traído aquí el ejemplo del Parlamento Europeo, que vota y debate el informe del señor Kem Coats. Yo he leído el informe y es extraordinariamente ilustrativo. ¿Por qué? Porque las políticas que están sustentando lo que se llama la creación de la moneda única no contemplan la creación de empleo sino como consecuencia del cumplimiento de unas cifras que se tienen que dar: la estabilidad en cuanto a los déficit, la estabilidad en cuanto a la inflación, objetivos macroeconómicos.
Señor Aznar, la moneda única es un reflejo de la economía, la moneda única es un objetivo que tiende a hacer posible el que, en un momento determinado, todas las monedas dejen de existir y solamente exista una, y el problema es a cambio de qué se hace. ¿Cómo puede haber una moneda única cuando hay economías distintas? ¿Cómo puede haber una moneda única cuando no hay una hacienda europea, ni un presupuesto europeo? Pero, además, señor Aznar, ¿cómo puede haber una moneda única cuando los impuestos y la fiscalidad --por cierto, no me ha contestado nada de impuestos, absolutamente nada-- no son comunes? ¿Me puede explicar cómo es posible que habiendo como hay en España ilustres banqueros o empresarios que han sabido y han cogido fondos de inversiones se han llevado el dinero cogido en España, legalmente, y lo han invertido en otros países porque tienen otra fiscalidad? ¿Cómo podemos hablar de una Unión Económica y Monetaria cuando hay una moneda única pero no hay unos impuestos comunes? Esto es lo que venimos planteando desde la más estricta de las racionalidades. Pero, insisto, ¿cómo es posible plantear como política económica unos objetivos macroeconómicos cuando el paro no está en el centro de la consecución de la política europea?
Ustedes plantean que si arreglamos la macroeconomía, si tenemos estabilidad monetaria, si tenemos menos déficit, menos inflación, eso vendrá por añadidura. Pues, señor Aznar, la experiencia, salvo desviaciones de 90 u 80.000 parados más demuestra que con crecimiento económico no se ha creado empleo, que es el nuevo hallazgo que han encontrado muchos economistas cuando han visto que ha crecido la economía, pero no ha tenido un correlato en la creación de empleo.
Y aquí hay otro problema: la creación de empleo. ¿Qué empleo? Yo creo que hay derecho a mantener a finales del siglo XX un empleo estable. ¿O crear empleo es simplemente rotar el mismo puesto de trabajo? ¿O crear empleo es estos 15 contratos mensuales que han hecho en España 400.000 personas? ¿Qué llamamos cada uno crear empleo? ¿Empleo estable? ¿Empleo fijo? ¿O simplemente rotar constantemente ante nuevos contratos? Porque podemos hablar de crear empleo. Hagamos un contrato todos los días, que rote el personal, que rote la gente. ¿A qué llamamos crear empleo? A una situación que implica una estabilidad económica. Y crear empleo porque se desarrolla el tejido productivo, y no se desarrolla el tejido productivo en este país concreto, llamado España, señor Aznar, porque la iniciativa privada ha sido incapaz, no ha sabido, no ha querido crear en el sector industrial ni un solo puesto de trabajo en los últimos 20 años, y, por tanto, implica una opción en la cual el sector público es el motor fundamental, y está en la Constitución.
Estamos planteando un fuerte impulso al sector industrial, planteamos una política fiscal progresiva, artículo 31 de la Constitución, planteamos la atención a una serie de derechos y planteamos el ejercicio de los artículos 38 y 131 que no gustarán, pero que están ahí y que plantean la cuestión de la planificación que, como usted sabe, puede ser planificación indicativa, vinculante, las previsiones, como usted quiera. Es decir: cuando se hizo la Constitución se estaba hablando de un modelo económico concreto, con unas perspectivas concretas y unos objetivos concretos centrados en lo que tiene el Estado social y democrático de Derecho.
¿Cuál es el discurso que aquí se plantea como más racional? Señores, el objetivo son las grandes cifras. Consigamos el déficit del 3 por ciento; consigamos bajar la inflación; consigamos reducir las demás cifras. Muy bien. ¡Ah! A partir de ahí, este bálsamo de Fierabrás, este ungüento mágico va creando empleo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Se me pueden indicar unas cifras de este mes de mayo cuando sabemos, como he dicho anteriormente, que en los últimos 15 años la oscilación ha sido en 50.000 empleos? ¿Dónde está, repito, la creación de empleo en Europa? ¿Dónde están las previsiones? Pero es más, señor Aznar. Cuando la cumbre de Florencia termina, coloca entre las obligaciones de la Unión Europea, y después de los países componentes de la misma, la creación de empleo. Llega la cumbre de Dublín --la del Pacto de Estabilidad-- y sitúa la responsabilidad justamente al contrario. En primer lugar, los países son los que tienen que crear empleo, y la Unión Europea de manera subsidiaria. La pregunta es la siguiente: si cada país tiene que hacer la política que está diseñada en los criterios de convergencia y en el Pacto de Estabilidad ¿dónde está la libertad de cada país para decidir con qué política económica combate el paro? Simplemente es repetir constantemente lo mismo, y esto es lo que yo he planteado. No es que sean dos modelos a los cuales usted y yo tenemos derecho. Son dos modelos confrontados, son dos modelos que se combaten, son dos modelos que se autoexcluyen --vamos a decirlo claro-- y son dos modelos que no pueden pactar ni transaccionar, porque usted y yo partimos de presupuestos radicalmente distintos y, desde luego, el mío es constitucional, está en esa Constitución. No digo que el suyo no lo sea. Digo que el nuestro es constitucional. Y ese problema viene manifestándose en la actitud del Gobierno francés, pero también en la actitud de otros colectivos. El problema del empleo está ahí como un hecho fundamental que no está siendo atacado como debiera con estas medidas, que se centran en la macroeconomía. ¿Dónde están --repito-- las iniciativas? ¿Por qué no recordamos un poco la historia europea de estos tres últimos años?
Un día, el señor Jacques Santer propone un plan de empleo para crear 15 millones de puestos de trabajo, y es la propia Unión Europea la que dice que no puede ir porque no hay fondos. Anteriormente, fue el señor Jacques Delors. ¿Dónde están las actividades, dónde están los compromisos, las macrocifras, las grandes cantidades? El que está aquí hablando, señor Presidente, sabe perfectamente que hay [obstáculos] que domeñar; pero lo que no se puede hacer, de manera dogmática, es sacrificarlo absolutamente todo al cumplimiento de unas cifras que ya van llevando a un resultado desastroso. Esto es lo que se plantea aquí y lo que venimos a decir. Porque cuando yo le he preguntado, señor Aznar, qué calcula en sus previsiones, yo no quiero que S.S. haga un ejercicio de adivinación, sino que nos diga, simplemente, qué tienen pensado, qué sectores de la producción, qué tipo de industria, qué tipo de servicios, cómo se prevé la inserción dentro de la economía europea, qué tipo de inversión en I+D, qué previsiones hay. Y cuando yo preguntaba aquí a anteriores gobiernos qué previsiones había, nadie me ha contestado y éste es el drama. Todos se fían a la moneda única y al subsiguiente Pacto de Estabilidad. Es como llegar a un lugar donde no sabemos lo que va a ocurrir, porque ya un aura benéfica nos llevará por el buen camino. Y la previsión, la planificación, lo que ustedes quieran, es algo fundamental en unos momentos tan difíciles como estos de Europa, porque lo que ustedes están haciendo es una planificación. Contra viento y marea hay que llegar al 3 por ciento de déficit; contra viento y marea hay que cumplir las condiciones de Maastricht; caiga quien caiga hay que acabar con una parte del sector público, porque hay que conseguir esos datos. ¿No es un acto de planificación? ¿Por qué se rehuye el concepto planificación cuando lo que ustedes están haciendo es una planificación?
Pero es más, cuando planteamos nuestras propuestas, nos gustaría discutir un día tranquilamente en esta Cámara acerca de lo que se busca, sin que hubiese ningún apriorismo, ni de ustedes ni de nosotros ni de otros grupos parlamentarios. Vamos a ver. Usted dice que la moneda única es algo muy importante. Pero ¿de qué sirve una moneda única, presentada dentro del concepto más amplio de Unión Europea, sin unión política? ¿Dónde está la política fiscal común, la política económica común? ¿Dónde está el centro de decisiones? Porque incluso una moneda única implicaría un poder político que tomaría decisiones en el ámbito homogéneo en el cual se inserta la moneda única. ¿Quién toma las decisiones? ¿El sistema de bancos centrales? ¿Saben SS.SS. cuál es el problema que hay aquí? Que en el momento en que traspasemos las responsabilidades sobre la política económica a ciertos entes o institutos que no provienen directamente del voto popular, estaremos negando la capacidad de la democracia de poder decidir todos sobre todo.
En el fondo, la filosofía que hay, expresada magistralmente por el señor Tietmeyer cuando dice que los políticos deben saber hoy que tienen que obedecer a los dictados del mercado, está sustrayendo la capacidad del político, sobre todo en democracia, de poder decidir sobre las líneas que orientan una política económica alternativa, porque se parte de un presupuesto tremendamente dogmático: no hay más política económica que ésta, las demás no existen. Claro, a partir de ahí, todo lo que signifique desarrollar la política económica es concorde con el dogma inicial. Por eso, no nos entenderemos, pero quiero que sepa cuáles son nuestras argumentaciones, sabiendo que lo que ustedes plantean y lo que yo estoy planteando tiene dificultades tremendas para poder entenderse. Partimos de otra concepción, partimos de la Constitución. Yo no niego que ustedes no partan de ella, pero partimos de una interpretación de la Constitución, que fue la que generó y la que creó un gran consenso.
Habla del modelo pero ¿cuáles son las condiciones del modelo? ¿En qué basan ustedes su política para que este modelo se desarrolle? Vamos a recordar: privatización del sector público, moderación salarial, beneficios fiscales a las empresas y naturalmente intentar hacer algo creyendo que puede resolver el problema, como lo que se votó aquí el otro día y que reflejaba, a través del real decreto-ley, el acuerdo entre la patronal y los sindicatos, pero desde luego sobre creación de empleo no abundaba gran cosa. Sabe S.S. cuál fue la posición que tiene Izquierda Unida a este respecto. No me extenderé más.
Aparte de eso ¿qué hay? ¿Saben SS.SS. cómo los grandes consensos obtenidos en este hemiciclo, condenando al ostracismo y a la soledad a Izquierda Unida, están dando al cabo de unos meses un aspecto totalmente distinto? Nos acabamos de enterar que este grupo ha votado en el Senado exactamente lo mismo que mantuvimos allí y fuimos insultados y quedamos en solitario en el Senado. Exactamente lo mismo. Se está produciendo una reconsideración, y esta reconsideración que comienza a operarse aquí en España a distintas fuerzas políticas se está haciendo en Europa. Cuando se ha votado al señor Blair o se ha votado al señor Jospin, se está votando la salida de una situación que no ve un horizonte en torno al grave problema del desempleo. Esto es lo que pretendemos decir. Seguiremos discutiendo. Lo único que yo quiero dejar aquí claro es que hay otro modelo, que lo hay. ¿Cuál es el otro modelo? Vamos a ver, señor Aznar: Construyamos Europa, y eso significa un proceso constituyente, que no le marco tiempo, y significa que la Unión Monetaria y la moneda única o son en el contexto de una unión política o no son. Lo que hay en el horizonte por nuestra parte es la construcción federal de Europa, es ir hacia algo más, es ir a la creación de un ámbito homogéneo con un poder político, con un legislativo, con un judicial, tárdese lo que se tarde, en un proceso constituyente, con varios sujetos constituyentes, no solamente el Consejo o la Comisión sino también los pueblos europeos, los parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo. Y entre sus filas está la persona que encabezó la redacción en una comisión de un proyecto de constitución europea, que murió porque no llegó al pleno del Parlamento Europeo, porque ambas formaciones políticas a nivel europeo se encargaron de que esto prosperase. Esa es nuestra apuesta.
Hablar de Unión Económica es basarnos en lo que dice el Acta única. La creación de esa Europa se basa en una Unión Económica y Monetaria, por supuesto que sí. ¿Cómo podemos nosotros hablar de la unión de Europa si no hay Unión Económica y Monetaria? Pero a continuación dice: La cohesión económica y social. ¿Y qué es la creación económica y social? La creación de un espacio económica y socialmente integrado. Señor Aznar, para que pueda haber un espacio económico y socialmente integrado, tiene que haber un poder político que distribuya el gasto, que distribuya los impuestos, que tome decisiones y, a partir de ahí, la Unión Económica y Monetaria más la unión política, más una política exterior exclusivamente europea, nos dan el diseño de esa Europa que nosotros venimos defendiendo.
Señorías, en un discurso como el que se trae aquí y que se responde con unos datos que sin duda el señor Aznar ha estado manejando, pero que no responde a las preguntas en el sentido de hacia dónde se quiere ir, ¿cómo voy a plantear yo el pleno empleo para mañana? Pero sí puedo plantear si esa perspectiva existe, porque me podría decir S.S.: Es que no sabemos la capacidad de riqueza que puede tener nuestro país para crear puestos de trabajo para todos y para todas. De acuerdo, vamos a hablar del reparto del trabajo, de la reducción de la jornada, de las horas extraordinarias, del pluriempleo, de la creación del fondo obligatorio de inversión, con las exenciones fiscales necesarias para que ese fondo prospere y donde estén los sindicatos; vamos a hablar de las medidas que son posibles y que en otros lugares comienzan a manifestarse siquiera tímidamente, pero que esta fuerza política, que en el momento que estoy aquí hablando represento, ha manifestado ya con anterioridad.
Para terminar, aquí hay un proyecto que no es en estos momentos, ni muchísimo menos, mayoritario, que se basa en la Constitución española, en unos objetivos clarísimos, que cree que hay otros instrumentos de política económica, incluyendo, repito, los fiscales, a los cuales S.S. no me ha contestado --espero que ahora me aclare algunas dudas--, y que seguiremos manteniendo con la seguridad que da contemplar en el paso del tiempo cómo tantos y tantos que nos dijeron cosas durísimas en este hemiciclo comienzan a reconsiderar sus posiciones y en otros hemiciclos, en otros lugares representativos de la democracia, comienzan a modificar sus posiciones.