Si bien es cierto que varios países latinoamericanos muestran cifras de crecimiento económico durante los últimos años, éste por lo general ha sido acompañado de la expansión de la pobreza. No resulta casual que los Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos hayan ratificado en su reciente reunión cumbre en la isla venezolana de Margarita que la lucha por la justicia social sea un compromiso ineludible para nuestras naciones.

El reconocimiento por parte de los gobiernos y hasta de las instituciones financieras internacionales, de la aguda crisis social, especialmente en los países en desarrollo, con su variedad de conflictos de diverso carácter, lleva implícito un alerta acerca del marcado deterioro de las condiciones de vida de un creciente número de familias, aparte de la degradación progresiva del medio ambiente y de la integración social. Pero, ¿hasta dónde hay correspondencia entre dicho reconocimiento y la actuación?

América Latina azotada por los efectos de la crisis de la deuda externa, la aplicación de políticas neoliberales, el deterioro de los términos de intercambio y de la polarización social, muestra cifras superiores a los 200 millones de seres viviendo en la franja de la pobreza.

Como en las seis cumbres anteriores, la Declaración Final de la reciente cita iberoamericana también hace referencia al tema de la justicia social:

«Manifestamos --expone en su décimo párrafo el documento-- que corresponde primordialmente al Estado atender a los sectores más vulnerables de nuestras poblaciones, a fin de combatir la exclusión social, superar la pobreza, la desnutrición, la marginalidad y el analfabetismo, lograr un mayor acceso a los servicios de salud a fin de acordar mecanismos de inserción de estos sectores en nuestras sociedades.»

Y más adelante, en el párrafo 14, añade: "Reconocemos que los conceptos de estabilidad democrática y desarrollo económico y social tienden a reforzarse mutuamente, pues las democracias requieren políticas sólidas que aseguren un desarrollo económico integral de la sociedad. Reconocemos que la vigencia de la justicia social comporta que aquellos con mayor disponibilidad de bienes y servicios, asuman una mayor contribución en la responsabilidad del Estado de lograr una distribución de la riqueza más equitativa, con base sólida y estable. De allí que la lucha por la justicia social sea un compromiso ineludible para nuestras naciones.»

Sin embargo, hay hechos que ponen en duda la real disposición de algunos para cumplir con tales postulados. Y es que cuando aún estaba fresca la tinta con que se rubricó la Declaración de Margarita, en Nicaragua, el país que ocupa el segundo lugar entre los más pobres de América Latina, después de Haití, se efectuaba la boda de la Primera Dama, María Dolores, hija del presidente Amoldo Alemán.

Con vistas a ello, solo en la remodelación y acondicionamiento de la planta baja del Palacio de Cultura y de lo que fue la oficina del tirano Somoza, se invirtieron 50.000 dólares.

El Presidente nicaragüense --quien mantiene una suite en el hotel Intercontinental, por un valor de 118 000 córdobas (unos 13.000 dólares), utilizada para sus descansos de medio día y para aquellos momentos en que no desea ir a su residencia oficial no habló durante su discurso en la VII Cumbre de que alrededor del 70% de la población de su país vive en condiciones de pobreza (más del 20% en extrema pobreza y entre el 10-15% considerado indigente).

Tampoco Alemán mencionó que las políticas de ajuste continúan golpeando con mayor fuerza a la población más joven, que los mayores índices de indigencia se presentan en los grupos de edades de hasta 19 años y que más de 162.000 niños trabajan en las calles, sin contar los mendigos.

Hay en Nicaragua un 28% de niños en edad escolar fuera del sistema educacional y solo el 25% de los que inician estudios primarios concluye el sexto grado, mientras el 36% de los jóvenes entre 13-18 años no tiene acceso a la educación secundaria.

En ese país centroamericano la población de la Costa Atlántica lleva la peor parte con índices de desempleo entre 80 y 90%, y 65% de analfabetismo. Allí, donde el 75% de las familias no satisface sus necesidades básicas, el negocio del narcotráfico es la fórmula de supervivencia para la mayoría de la población.

El proyecto de presupuesto de la Presidencia para 1998 se incrementó en 118%, a costa de la reducción en un 50% de los presupuestos de salud, educación y para la policía.

La aplicación de los planes de estabilización y ajuste estructural impuestos por los organismos financieros internacionales ha tenido un altísimo costo social y humano, con el consiguiente resultado contra los derechos económicos y sociales de los nicaragüenses. Si en 1990 Nicaragua ocupaba el lugar 85 en el Indice de Desarrollo Humano (la esperanza de vida, nivel educativo, ingreso real de la población), elaborado por la ONU, ya en 1996 estaba en el 117.

Obviamente, Nicaragua no es una excepción entre los países que tienen que afrontar las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales; pero el presidente Alemán sí estuvo entre las excepciones cuando a la hora de hablar en la VII Cumbre lo hizo eludiendo estas realidades y por el contrario haciendo reclamos a Cuba por supuestos incumplimientos con respecto a lo que él entiende por democracia.

Sin embargo, el más reciente Informe del Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano ubica a Cuba entre los tres países en desarrollo que más han progresado.

Nuestro país, prácticamente sitiado por un criminal bloqueo económico, comercial y financiero, constantemente amenazado y sometido a las presiones diplomáticas y de otro tipo que se ejercen contra quienes desarrollan relaciones de amistad, tiene su propia democracia.

Y en ella cree la mayoría de los cubanos porque, entre otras cosas, la política social de Cuba parte de las premisas generales de acceso universal y aseguramiento de las necesidades básicas de las personas.

«...La democracia --dice el párrafo 16 de la Declaración de Viña del Mar, del pasado año-- requiere de un Estado que, promoviendo la equidad, concilie los imperativos de crecimiento económico y desarrollo social, privilegie la inversión en el campo social, promueva la igualdad de oportunidades y responda eficazmente a las aspiraciones legítimas de los hombres y mujeres de nuestra región.»