RESCISIÓN O DESAPARICIÓN

El 12 de marzo acudirán los españoles a los comicios en las octavas elecciones de la VII monarquía.

De cara a tales elecciones la coalición IU (Izquierda Unida) ha suscrito un Acuerdo electoral con una de las principales fuerzas de la oligarquía financiera y terrateniente en el poder, el PSOE. IU acude a las elecciones sin haber abjurado de su propio programa, pero comprometida a apoyar al candidato del dúo PSOE-IU que salga por delante en número de votos y escaños en las cortes bicamerales del sistema; y todos saben que será el PSOE.

(Algunos se preguntan qué significa en concreto eso de no haber abjurado del propio programa; temen que sea como guardar, metido entre la ropa, un escapulario que uno saca y besa de vez en cuando; en la práctica lo que cuenta es el programa del que se presentará ante el Congreso como candidato la la presidencia del Gobierno por el dúo signatario; o sea, el de D. Joaquín Almunia.)

Dejando de lado todo lo demás que se ha discutido al respecto, el argumento decisivo que se ha esgrimido ante las bases de IU para justificar el pacto es que algo había que hacer para evitar el desmoronamiento electoral de IU, cuando las encuestas apuntaban a un declinar inexorable en la intención de voto, tras el vapuleo tremendo de las elecciones regionales y municipales de junio de 1999 (si bien pocos auguraban que se repitieran resultados tan negativos como los de junio del 1999, ya que las actitudes del votante medio no son iguales ante una elección nacional y ante una de alcance local o regional).

Ya en mis análisis de la primavera y el verano de 1999 invité a quienes anteponían a cualquier otra consideración la visión pragmática --que sólo se preocupa por las causas de la deserción electoral y trata de paliarla-- a que reflexionaran si tal deserción no había sido precisamente provocada por el larvado giro a la derecha llevado a cabo por IU a mediados o finales de 1996 (poco después de la llegada del partido popular al gobierno central en coalición con los nacionalistas canarios, vascos y catalanes); a que pensaran por qué el apogeo electoral de IU había coincidido con el discurso más radical de la coalición (o de su coordinador general, Julio Anguita) en los años 1993-96 (República, anti-monarquía, anti-reforma laboral, anti-pacto de Toledo, anti-euro, anti-Europa de Maastricht, anti-corrupción, anti-represión) y al rechazo entonces de pactos con el PSOE (o, lo que en la práctica era igual --o fue considerado por la inmensa mayoría de la gente como igual--: la condicionalización de cualquier pacto --desatendiendo por entero siglas-- a la suscripción previa de un programa, pero de un programa real, que fuera anticipadamente aprobado por las bases).

Los interesados en pactar con el PSOE se apresuraron a imponer su propia lectura de los resultados --que ningún estudio ha confirmado--: la de que era al revés; la de que quienes de 1996 a 1999 habían desertado en el electorado de IU lo que querían es que IU pactara con el PSOE, no que IU defendiera esas posturas tímidamente anti-sistema. Así se justificó el vuelco que significaron las decisiones nefastas del consejo político federal de IU de julio de 1999, que aún no hemos tenido tiempo de comentar.

Ahora, sobre la base de esa línea de julio de 1999, IU ha pactado. El resultado en expectativa de voto no parece que responda a las esperanzas de los pactistas.

Es de temer lo peor. Es de temer una caída muchísimo más pronunciada que la que podían vislumbrar quienes, con ese espectro, han querido vender el pacto a las bases.

¿Por qué?

Porque el pueblo no es tonto. Porque mucha gente de sentimientos anticapitalistas, antiimperialistas, anti-establishment, sabe que el PSOE es un partido oligárquico, reaccionario, antinacional y antipopular, siervo y agente de los círculos de grandes empresarios, banqueros, hombres de palacio, aventureros de las inversiones, la finanza y la especulación; sabe que el carácter de clase de una fuerza política se determina por su política, no por el significado de sus siglas ni por las intenciones de sus fundadores hace más de cien años; recuerda perfectamente la política del PSOE durante el ominoso cuatuordecenio 1982-96; sabe cuál ha sido la política económica de Boyer, Solchaga y Pedro Solbes; es más: muchos la han sufrido en su carne, ya que las reconversiones, privatizaciones y reformas laborales del PSOE despojaron a muchos obreros de su empleo o de la poca seguridad laboral que les quedada, los arrojaron a la calle y causaron incluso un número de suicidios y de tragedias familiares.

Ante eso, y ante el recuerdo de tantas otras cosas dolorosas, un sector del electorado hubiera todavía reconsiderado su actitud si en el PSOE hubiera prevalecido la candidatura del Sr. José Borrell, a quien los españoles hubieran perdonado su discreta presencia en los gobiernos de Glez Márquez, porque, al menos, significaba el triunfo de una candidatura animada desde las bases socialistas y que encarnaba la denuncia jacobina de los regionalismos egoístas, de los desmembramientos periféricos de las altas burguesías septentrionales.

Pero el aparato del PSOE se acabó saliendo con la suya y así consolidó su plaza el hombre de confianza de ese aparato, D. Joaquín Almunia.

Y muchos españoles se dicen que con su voto no llegará D. Joaquín Almunia a la Moncloa.

El voto de un elector es poco, muy poco. Vale aproximadamente un 0'0000004% en la elección del legislativo (bueno, muchísimo menos en realidad dado el actual sistema bicameral). Normalmente, poco nos esforzaríamos en hacer si el desenlace dependiera de nuestra acción tan sólo en un 0'0000004%.

Siendo tan poco, el voto suele ser lo único que tiene un español de a pie para intervenir en la vida pública, ya que los medios de incomunicación borbónicos le están cerrados y en la mayoría de los casos no encuentra otros medios de expresarse.

Y ese poco, ese poquito no están muchos dispuestos a regalárselo a D. Joaquín Almunia, ni directa ni indirectamente. Saldrá de jefe del gobierno de Su Majestad o D. J.M. Aznar o D. Joaquín Almunia; pero, se dicen, `con mi voto no'.

Y es que lo que mueve a votar o no votar, a votar en un sentido o en otro, no es tanto la esperanza de influir en el resultado, porque cada uno sabe que su influencia es de un 0'0...0x%. No, uno vota o no vota (y, de votar, vota a una candidatura o a otra) principalmente porque quiere que, en lo que de uno depende, salga la mejor opción, o la menos mala, o porque considera que todas merecen su rechazo.

Así las cosas, el argumento pragmático puede perfectamente volverse contra los fautores del pacto. Si se hubiera hecho una encuesta seria, seguramente se habría confirmado que el pacto va a hacer abstenerse a muchos, o a llevarlos a no votar a IU.

Tal vez puedan algunos líderes de IU pensar que, aun siendo así, aun con menos votos, el pacto permitirá a la formación obtener posiciones institucionales, senadores, cargos y carguillos, prebendas y prebendillas. O en cualquier caso muchos en la base piensan que existen tales actitudes en las alturas, y hasta se ha atribuido no sé a quién la frase de que en junio de 1999, aun con muchos menos votos, se ganaron --gracias a los pactos post-electorales con el PSOE que justamente entonces se concluyeron-- más concejales de los que se habían tenido antes. No entraré en tales consideraciones. Cíñome a la cuestión de la ganancia de votos. Y es que, dejando de lado asuntos de moral y de ética, ninguna fuerza puede a la larga persistir si, sufriendo una grave erosión electoral, ésta sigue acentúandose y agravándose indefinidamente.

Para evitar el desastre, puede IU hacer una cosa. Es posible. No vale que la dirección de IU diga `¡No puedo!', porque, si quiere, puede: rescindir el pacto. Todavía está a tiempo. Todavía hoy, mañana, pasado-mañana puede anunciar a los españoles que ha rescindido el pacto, recuperando así la intención de voto de muchos miles de electores.

¿Por qué rescindir el pacto?

En primer lugar, porque cualquier pacto o convenio se firma para que tenga validez con la cláusula rebus sic stantibus, o sea: mientras no se produzca una alteración tan sustancial del estado de cosas existente que, como resultado de la misma, surja un gran desequilibrio de las prestaciones prometidas, pasando la balanza a ser mucho más gravosa para una de las partes. Ahora bien, justo ese cambio se ha producido:

(1º) Han aparecido, después de la firma del pacto, hechos nuevos sobre el ominoso cuatuordecenio, a saber: los que han salido a la luz estos días en el proceso Lasa-Zabala. Y esos hechos introducen un factor nuevo; porque IU tiene que decir a sus electores que, a pesar de los pesares, voten a IU que votará a D. Joaquín Almunia; y esos pesares, por lo que hoy se sabe, son más pesarosos de lo que se temía ayer.

(2º) Siendo uno de los puntos del pacto el tragar con la nueva Unión Europea (la Europa de Schengen y Maastricht), la significación de tal Europa se ha alterado al pasar uno de los países miembros a tener un gobierno con importantísima participación nazi-fascista. También eso conlleva un cambio enorme en las circunstancias y justifica la rescisión por invocación de la cláusula rebus sic stantibus.

En segundo lugar, porque ningún pacto cobra validez más que si se ha contraído por las partes a sabiendas y libremente; y, para actuar a sabiendas, es menester que ninguna de las partes haya incurrido en ignorancia grave. Ahora bien, había y hubo (o al menos eso cabe presumir) ignorancia grave en los dirigentes de IU al firmar ese pacto, en el que (erróneamente) juzgaron que se reflejaban los deseos de las bases y de los votantes, siendo esencial ese elemento como factor determinante de la firma; las consultas y los sondeos han hecho desmoronarse esa falsa creencia. Ante esos datos, IU puede legítimamente invocar tal concurrencia de ignorancia grave para anular el pacto.

En tercer lugar, decía Joaquín Costa que cualquier ley se promulga sujeta al consentimiento de los gobernados que la acaten en su práctica. Sea o no así estrictamente (y sin entrar aquí en el espinoso problema de si la delegación de IU tenía facultades o no para concertar el pacto aquí debatido), cualquier convenio o acuerdo que contraen los representantes de una entidad social o colectiva --aun en el caso de que sean plenipotenciarios-- está sujeto a un cierto refrendo, explícito o implícito, de los miembros de las respectivas entidades, asociaciones o colectivos; y en este caso, aunque no ha habido consulta reglamentaria formal, se ha podido pulsar el estado de opinión de buena parte de las bases. La dirección federal de IU sabrá cuáles son tales resultados (quien esto escribe no puede probar nada al respecto --aunque sepa, como cada quien, hacer inducciones); mas los resultados seguramente avalan la alegación de los mismos para rescindir el pacto.

Si se me replica que aducir tales consideraciones (o, si se quiere, tales pretextos) sería agarrarse a un clavo ardiendo, contestaré que más vale eso que empecinarse en un camino que lleva al descalabro, a la inmolación y al descrédito de IU.

¡No tema, pues, la dirección de IU perder la cara! La gente, si se rescinde el pacto, comprenderá que esa dirección obró con la mejor intención del mundo, y que quiso poner de su parte para que no se diga que IU está ensimismada o es aislacionista. Y, en cualquier caso, lo peor es, por no querer perder la cara, aferrarse al error marchando a la catástrofe.

El día 13 de marzo será demasiado tarde. Hoy se está aún, aunque cerca del precipicio, a la suficiente distancia para evitar despeñarse, con un sabio y prudente paso atrás. Los buenos dirigentes son los que saben tomar decisiones así, que duelen, pero que la gente comprende, saluda y agradece.