por P. Muntaner
La competitividad internacional ha obligado a la burguesía francesa, como a la de todos los países altamente industrializados, a cerrar minas, altos hornos y astilleros, a reconvertir ramas enteras de la producción, a echar a la calle a millones de trabajadores y a sustituir una parte de ellos por mano de obra contratada por las ETTs. Sin embargo, a la burguesía del país vecino le quedaba todavía una asignatura pendiente. Para acabar de modernizar su economía tenía que imponer una nueva regulación del tiempo de trabajo que, según la misma patronal, «seguía gestionándose de forma demasiado tradicional».
Tras las elecciones de junio de 1997 se formó un gobierno llamado de la «izquierda plural» (socialistas, revisionistas y verdes) que, aprovechando sus estrechos vínculos con las organizaciones sindicales, puso manos a la obra. La ministra de Trabajo y «Solidaridad», Martine Aubry, presentó, al poco de hacerse cargo del ministerio, un proyecto de ley de «orientación e incitación relativa a la reducción del tiempo de trabajo», proyecto que fue aprobado por la Asamblea Nacional en junio de 1998. Las «negociaciones» entre los sindicatos y la patronal en las empresas que la aplicaran servirían de base para enmendarla y dar nacimiento a una ley definitiva, que es la que se acaba de aprobar.
Todo este tinglado no ha sido más que una esmerada puesta en escena en la que todos, patronal, gobierno, sindicatos y medios de comunicación han jugado a la perfección su papel: «enfrentamientos» entre madame la ministra de la «solidaridad» y su colega de Economía, «rechazo» de la patronal a la ley, los sindicatos que se niegan a firmarla si no se plasman en ella sus exigencias, 25.000 patronos que se manifiestan por las calles de París, el PCF que replica convocando una manifestación «contra el paro» (su servicio de orden obligó a retirar todas las pancartas que denunciaban al gobierno como cómplice de la patronal), el Parlamento que prepara enmiendas a cada uno de los artículos de la ley (que ha sido votada en en bloque por los diputados de «izquierda», la prensa y demás medios que dedican páginas y espacios enteros a explicar su contenido «vanguardista», que organizan «debates» en torno a ella, etc. etc.
Y así, a la chita callando, los principales sindicatos fueron estampando su firma en la ley, el Parlamento corrigió las posibles «fisuras» por donde se pudieran colar algunas mejoras para los trabajadores y la gran patronal se frotaba las manos: la jugada les había salido perfecta.
La «ley Aubry», verdadero caballo de Troya en la guerra de la patronal francesa contra la clase obrera, esconde en su redacción todas las calamidades que los trabajadores rechazaban con sus luchas y movilizaciones en estos últimos años, calamidades que se pueden resumir en tres palabras: expoliación, flexibilidad y precariedad.
En principio, la ley recoge que los trabajadores en cuyas empresas se aplique la «ley de las 35 horas» seguirán cobrando lo mismo que cuando el horario legal estaba fijado en 39 horas. Anunciar lo contrario hubiera sido la guerra. Sin embargo, un mero repaso a la ley muestra que ésta significa una rebaja inmediata tanto en los salarios nominales como reales. Respecto de los primeros, la ley «sugiere» la supresión de la paga extraordinaria, de los pluses por desplazamiento, por intemperie, por peligrosidad, por nocturnidad, etc. Además, la ley prevé que a los nuevos contratados les sea aplicado un salario mínimo por debajo del oficial, permitiendo así la instauración de lo que la clase capitalista pugna constantemente por establecer: la reducción del salario hasta su límite físico, pues como explica Marx, dados los límites de la jornada de trabajo, el máximo de ganancia corresponde al mínimo físico del salario (C. Marx: Salario, precio y ganancia).
Por otro lado, la ley «invita» a los trabajadores que se «beneficien» de los nuevos horarios a aceptar la «moderación salarial», pero como los precios de los productos básicos, los impuestos, etc., no se congelan nunca, los salarios reales descenderán. Pero hay más. Como la ley, en este caso, está dirigida a la patronal, sucede que los medios coercitivos que usa normalmente la burguesía para hacer cumplir sus disposiciones, han sido sustituidos por toda una panoplia de sustanciosas ayudas económicas destinadas a «incentivar» a los patronos que negocien un acuerdo, en las condiciones definidas por la ley. ¿De qué arcas van a salir esas sumas multimillonarias? Una parte será financiada con lo recaudado por el aumento de los impuestos que gravan el tabaco y el alcohol, pero el grueso de las ayudas saldrá del saqueo organizado por el Estado a las cajas de la Seguridad Social, en concreto de «los seguros sociales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y subsidios familiares», según reza la propia ley. O sea, que serán los propios trabajadores los que pagarán a sus patronos para que éstos tengan a bien explotarlos un poco más. Y esto en un momento en que están cerrando hospitales, reduciendo presupuestos de enseñanza, subsidios familiares, jubilaciones, etc.
Se podría pensar que si se tratara de «trabajar menos para trabajar todos», como no se han cansado de repetir los publicistas del gobierno, una de las condiciones de las que habla la ley para premiar a los patronos sería la creación de nuevos empleos y la preservación de los actuales. Algo de eso decía el primer proyecto de ley, sabiamente enmendado posteriormente. Ahora, la única condición es reducir en un 10% el tiempo de trabajo, para que cada empresa se vaya acercando al límite de las 35 horas legales que no efectivas. Este es uno de los grandes engaños de la «ley Aubry» que aparece ya en el enunciado de su artículo 1º: «la duración legal del trabajo efectivo de los asalariados se fija en treinta y cinco horas por semana».
¡Adviértase que no se habla de que la duración legal del trabajo semanal deba ser de 35 horas, sino del trabajo efectivo! Es decir, no se habla de la semana civil, sino de la semana contable, que se obtiene dividiendo el tiempo anual de trabajo por el número de semanas trabajadas. Queda así instaurada la flexibilidad del tiempo de trabajo. El patrón tiene derecho a repartir las horas de trabajo según le convenga: puede hacer trabajar a los obreros los fines de semana o por las noches, una semana dos turnos y la otra ninguno, según las necesidades de la empresa y, para colmo, no está obligado a anunciar los cambios de horario más que con unos días de antelación.
A esto hay que añadir que «la duración legal no es la duración efectiva ni siquiera la duración colectiva de la empresa sino sólo el umbral a partir del cual comienzan las horas extraordinarias»; es decir, que lo de las 35 horas es una falacia, ya que la «ley Aubry» da carta blanca a los patronos para prolongar el tiempo de trabajo y saltarse su propia legalidad por el sencillo procedimiento de recurrir a las horas extraordinarias por encima del límite fijado hasta ahora por el Código del Trabajo.[nota] De lo que se trata es de eliminar los stocks: en el momento en que una empresa tenga una abultada cartera de pedidos, los obreros pueden ser obligados a trabajar hasta 12 horas diarias, fines de semana incluidos, y a desplazarse a factorías de la misma empresa situadas geográficamente en la otra punta de su domicilio habitual, para pasar luego, en un momento de baja demanda, a una reducción temporal de la plantilla.
Antes de la aprobación de la «ley de las 35 horas», el número de horas extraordinarias trabajadas por los obreros franceses se calculaba que era el equivalente a 680.000 empleos. Ahora esa proporción se elevará enormemente. ¿Dónde está, pues, la tan cacareada «creación de empleos» que según los sindicatos y la «izquierda plural» iba a fomentar la ley? De las diferentes «ayudas» a la patronal de las que antes hablábamos, las más altas son precisamente para aquellas empresas que aumenten sus plantillas con trabajadores cuyos salarios sean inferiores al mínimo oficial; y como la ley no habla en ningún momento de que esos nuevos contratos deban ser indefinidos, lo que va a fomentar la ley es la precariedad.
Un último detalle es que la ley autoriza a descontar del «tiempo de trabajo efectivo» el dedicado a las pausas, al desplazamiento, al vestuario, al bocata, etc., lo que facilitará enormemente la intensificación de los ritmos de producción, el cronometraje, la vuelta al sistema de trabajo por piezas o al destajo. En realidad, estas prácticas las estaban padeciendo ya todos los trabajadores con contratos temporales; de lo que se trata ahora es de extenderlas al conjunto de la clase obrera.
¿Van a aceptar los obreros y obreras franceses que sus salarios se vayan reduciendo hasta el límite físico y que les sean impuestas las mismas condiciones de sobreexplotación que a los trabajadores de los países subdesarrollados? La resistencia que está encontrando la aplicación de la ley a lo largo y ancho del país nos permiten augurar que no. aunque los medios sólo hablan de las huelgas, paros y manifestaciones en las empresas de servicios públicos (hospitales, transportes, correos, etc.), los conflictos se están extendiendo igualmente entre el proletariado fabril de toda Francia.
Los resultados de esas movilizaciones dependen de la capacidad de resistencia de los obreros y de los métodos de lucha empleados, como muestran dos ejemplos recientes: en la fábrica LU (alimentación), los trabajadores invadieron la sala donde los «delegados» sindicales se disponían a firmar el acuerdo sobre las 35 horas (que había sido rechazado en las asambleas), lo que finalmente hicieron bajo los abucheos y silbidos de los obreros... En la factoría DIM (hilados) los obreros y obreras, después de 15 días de huelga, con piquetes que impedían el acceso a la fábrica de los esquiroles y la salida de los stocks, lograron que pararan otras fábricas por falta de materia prima; la dirección tuvo que dar marcha atrás y firmar un acuerdo que recogía las reivindicaciones de los trabajadores.
La batalla contra la estafa de las 35 horas no ha hecho más que comenzar.